fbpx

Por primera vez desde la etapa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y coincidiendo con el traslado de los restos de Franco, el Gobierno abrirá fosas del franquismo y exhumará a sus víctimas antes de final de año.

La actuación afecta a 13 enterramientos en Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León. El importe máximo de cada contrato será de 15.000 euros; 195.000 en total. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), tacha la medida de “electoralista”.

 

En julio del año pasado, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció en el Congreso que el Gobierno asumiría el liderazgo en la búsqueda de los desaparecidos del franquismo y elaboraría un censo oficial de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, muchas de las cuales yacen todavía en fosas comunes o en cunetas de las carreteras.

La ley de memoria histórica, de diciembre de 2007, carecía de presupuesto y solo comprometía genéricamente a las Administraciones a “facilitar a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación” de los desaparecidos; y a elaborar “planes de trabajo” y establecer “subvenciones para sufragar los gastos derivados” de estas actividades. El Gobierno de Mariano Rajoy mantuvo la ley en vigor, pero redujo a cero las subvenciones, por lo que los descendientes de las víctimas tuvieron que recurrir a las comunidades autónomas o a entidades privadas para sufragar la búsqueda y exhumación de sus familiares.

La Dirección General de la Memoria Histórica ha puesto en marcha un plan de choque que incluye la adjudicación de contratos menores para actuaciones de carácter prioritario en 13 localizaciones, de las que 11 ya tienen financiación. A diferencia de lo que se hizo en la etapa de Zapatero, ahora no se trata de subvencionar a asociaciones para realizar las exhumaciones, sino de contratar a empresas que realicen directamente las tareas adjudicadas.

“El objetivo de los contratos comprende diferentes actuaciones en función de la necesidad del emplazamiento, como pueden ser intervenciones arqueológicas, trabajos de búsqueda y localización, trabajos de estudio y evaluación preliminar de fosas, hasta la excavación, exhumación y análisis genético de los esqueletos exhumados”, explicaron fuentes de Justicia.

El departamento que dirige Dolores Delgado ya hizo a finales del año pasado distintas prospecciones en las provincias de Granada (Alfacar, Viznar y Padul) y Córdoba, pero sin llegar a realizar exhumaciones.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha calificado de “lamentable” la actuación del ministerio, criticando que en los 15 meses que lleva el Gobierno de Pedro Sánchez no se hubiera abierto ninguna fosa, con el argumento de que no se habían aprobado los Presupuestos, y se decida hacerlo ahora, “en plena campaña electoral”.

Una portavoz de Justicia ha negado carácter electoralista a la medida y, tras subrayar que no se le ha dado ninguna publicidad, ha señalado que estas actuaciones se enmarcan en el funcionamiento regular de la Dirección General para la Memoria Histórica, vacante después de que su titular, Fernando Martínez, se presentara al Senado.

Las 13 actuaciones previstas, agregó dicha portavoz, están incluidas en el plan de fosas encargado por Justicia al forense Francisco Etxeberria. “La dirección general recibió este informe en septiembre, de ahí que las actuaciones no se hayan iniciado antes”, agregó.

“El Gobierno ha asumido el liderazgo de las políticas de memoria histórica y el compromiso de emprender actuaciones de apertura de fosas para que las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura puedan recibir una sepultura digna, atendiendo también las demandas de las asociaciones memorialistas. Es en este contexto en el que se enmarca esta iniciativa”, concluyó la portavoz de Justicia.

9.000 CADÁVERES EXHUMADOS Y 25.000 PENDIENTES

M.G.

Entre 2000 y 2018 se abrieron 740 fosas comunes y se recuperaron más de 9.000 cadáveres, gracias sobre todo al impulso de las asociaciones de la memoria histórica, sostiene el informe elaborado para Justicia por un grupo de 11 expertos coordinados por el forense Francisco Etxeberria. Los expertos instan al Gobierno a liderar estas tareas, lo que permitiría exhumar los restos de unas 20.000 o 25.000 personas; y recomiendan crear un censo de víctimas y un nuevo mapa de fosas; así como una red de laboratorios de genética forense y una base de datos de ADN. Se estima que esta tarea podría completarse en seis años.

Fuente: https://elpais.com/politica/