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El 28 de septiembre, 200 familias repartidas en 14 edificios gestionados por la iglesia eran informados por un burofax que las viviendas en las que vivían habían sido vendidas dos meses antes a 14 empresas distintas, todas con un socio común, Tapiamar Partner SL.



Los 14 bloques, situados en el centro de Madrid, pertenecían a una fundación civil gestionada por la Iglesia, la Fundación de Santamarca y San Ramón (Fusara), en cuyo patronato se encuentra Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital y Paz García Vera, delegada de Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre otros.

Ante el peligro inminente de que estas familias sean desalojadas, la asociación de Inquilinos Afectados por Fusara, junto con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, la Asamblea de Bloques en Lucha del Centro Histórico, Lavapiés ¿Dónde Vas? y PAH Centro han convocado este 15 de diciembre a las 11h una concentración frente al Arzobispado “para dar a conocer a la opinión pública la venta del patrimonio inmobiliario de Fusara a empresas privadas” dejando a centenares de familias en “situación de vulnerabilidad”.

Todos los edificios propiedad de Fusara fueron donados en su momento por particulares “bajo unos claros objetivos”: el mantenimiento de un orfelinato y la obtención de fondos para que niñas huérfanas pudieran realizar estudios. “El objetivo fundacional nunca tuvo ánimo de lucro”, explican en un comunicado las organizaciones que están luchando para que estas 200 familias no terminen en la calle.

Según detallaba un artículo publicado recientemente en El País, las 14 empresas implicadas en la compra de los bloques se crearon entre el 2 de abril y el 13 de junio de 2019, semanas antes de que se ejecutara la compra de los inmuebles. Todas ellas tenían en principio una misma administradora, María Elena García Pastrana, que cuenta con 1.012 empresas vinculadas a su nombre. Pocos días después, las 14 sociedades cambiaban de administrador y pasaban a depender de otra sociedad limitada: Tapiamar Partners SL.

A día de hoy, señalan en el comunicado de los inquilinos afectados y las organizaciones que se solidarizan con esta causa, “tanto el comprador final como el importe de la operación siguen siendo desconocidos y los inmuebles no han podido registrarse en el Registro de la propiedad debido a irregularidades”.

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