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El proyecto de Ley de contratos de servicios a las personas, más conocida como Ley Aragonés , es cada vez más cerca de tramitarse. Aún no hay fecha para el debate final y votación en el Parlamento, ya que se preveía a finales de octubre pero las respuestas a la sentencia del proceso probablemente el retrasará. 

Como consecuencia, sindicatos y organizaciones han aplazado la movilización prevista contra la ley del 19 de octubre al domingo 17 de noviembre.

 

La norma tiene como objetivo la regulación de los contratos que las administraciones públicas -no sólo la Generalitat, sino también las de nivel local- liciten a empresas externas para prestar servicios relacionados con la atención de personas. Esto engloba un amplio espectro de asistencias, que van desde la restauración de las escuelas e institutos públicos hasta la sanidad pasando por el transporte escolar o las colonias.

El redactado se justifica en la necesidad de disponer de una "regulación específica, diferente del régimen general de contratación pública" para este grupo de servicios tan arraigado en la sociedad, así como en el código de buenas prácticas aprobado en 2015 por la Generalitat y algunos sindicatos.

 

Dos visiones opuestas

Según sus defensores, especialmente ERC como la consejería de economía la encabeza Pere Aragonés, la nueva normativa trata de actualizar y mejorar los criterios por los que unos determinados servicios se otorgan a una empresa u otra. "La promoción de la calidad, la profesionalidad, la especialidad de las entidades prestadoras de estos servicios y su adaptación a las necesidades de los usuarios, son las que inspiran esta Ley", se asegura en el anteproyecto.

Estos propósitos no convencen el grueso de partidos de izquierdas y de sindicatos sectoriales, que entienden que la ley favorecerá la subcontratación de servicios y pondrá en riesgo la titularidad pública de los servicios en cuestión: "Abre la puerta, de par en par, a una posible externalización masiva de prestaciones que hoy todavía están en manos de la gestión pública y, en consecuencia, a un colapso de la red sanitaria publico-concertada ", aseguran fuentes del Sindicato de Médicos. "La ley Aragonés ensancha la vía para transferir recursos públicos al sector privado, en beneficio del ánimo de lucro", añaden.

 

En la misma línea apunta el Foro Catalán de Atención Primaria (FoCAP), que considera que una hipotética aprobación de la normativa "facilitaría aún más la posibilidad de vaciado de servicios que están en manos de entidades públicas". El FoCAP recuerda que un cuarto del presupuesto de la Generalidad en materia de sanidad va a parar a manos de empresas privadas, un porcentaje muy superior al de otras comunidades autónomas.

La postura de sindicatos y asociaciones del mundo de la sanidad hacia las privatizaciones es de oposición. Mientras el FoCAP recuerda que "no hay ninguna evidencia de que la gestión privada sea mejor ni menos costosa que la pública" y asegura que "genera problemas por falta de transparencia en la gestión de los recursos", el colectivo Marea Blanca habla de "alejamiento de las personas usuarias, opacidad, ineficiencia y encarecimiento".

 

El Sindicato de Médicos, por su parte, insiste en que no hay ningún estudio riguroso y objetivo que permita concluir que la gestión privada es más eficiente que la pública. Ven con escepticisime reducir los gastos al tiempo reservar una parte por los beneficios empresariales: "La única manera es adelgazando las plantillas, reduciendo los salarios y recortando los servicios ofrecidos al usuario", aseguran. También recuerdan casos donde la gestión privada ha quebrado y ha devenido un sobrecoste asumido por el erario público, como el Hospital de Alzira (Valencia).

El espectro de servicios sanitarios que menciona la ley para regular las externalizaciones es amplio e incluye, entre otros, servicios de urgencias, centros de días, consultas externas, atención a la drogodependencia, transporte sanitario y adaptado o salud sexual y reproductiva.

Transporte sanitario, el paradigma de la subcontratación

Según el último recuento del CatSalut, hecho en julio, hay un total de 268 proveedores privados que prestan servicios dentro del sistema público de salud. En cuanto a número las más relevantes son las empresas que se encargan de los servicios sociosanitarios (71 entidades privadas) y de salud mental (50).

Sin embargo, la externalización del transporte sanitario se convierte en el patrón que temen los sindicatos: el reciente cambio de modelo en esta línea de servicios ha supuesto una degradación del servicio , con retrasos en las ambulancias que superan la hora o la hora y media, comportando que los usuarios pierdan las visitas programadas.

En 2015 la Generalitat convocó concursos públicos divididos por regiones para explotar los transportes en periodos de 6 años prorrogables a 10 y en el que algunas UTE (uniones temporales de empresas) salieron más beneficiadas y se repartieron una inversión que los últimos presupuestos , de 2017, valoraban en 286 millones de euros / año.

Otro cambio fue que el Servicio de Emergencias Médicas (SEM, empresa pública) pasó a concentrar todo el transporte sanitario (el urgente y el no urgente). Sin embargo, 8 de cada 10 vehículos pertenecen a las empresas subcontratadas y, en consecuencia, la mayoría de la plantilla es externalizada. Hace un año este personal pedía una equiparación de su sueldo con quien está contratado por el SEM y un convenio colectivo que aún no ha llegado. Así lo denuncia Tete Oscar, técnico en transporte sanitario y ex portavoz de Técnicos en Lucha: "Como no existe convenio, las empresas se aprovechan con contratos basura por los nuevos trabajadores". "Las empresas privadas lo que buscan es ganar más dinero. No ven personas que necesitan ayuda, ven números ", critica.

Fuente: https://diarisanitat.cat/