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Nunca, en lo que va de siglo, hubo vigentes en España menos convenios que el año pasado ni el volumen de asalariados protegidos por ellos había caído tanto: la modificación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores en la reforma laboral de marzo de 2012, que dejó en manos de la empresa la regulación de unas normas laborales que hasta entonces pasaba por la concertación con la plantilla, marcó el inicio de un declive de la negociación colectiva que ha caído a los peores registros de las últimas décadas.

Según indica el último Boletín del Observatorio de la Negociación Colectiva que edita el Ministerio de Trabajo, el mes de noviembre terminó con solo 3.431 convenios vigentes, una cifra que en los últimos 25 años tiene sus registros más cercanos en los 4.376 de 2012 y los 4.585 de 2011, en plena crisis, y con 9,21 millones de asalariados cobijados bajo esos paraguas normativos, una cifra que no se daba desde finales de los años 90.

La evolución del número de convenios vigentes ha sufrido una espectacular caída en los dos últimos años, los primeros desde mediados de la década de los 90 en los que ese registro cae por debajo de los 5.000 acuerdos. La tendencia es claramente más acusada en el grupo de los pactos de empresa que en los de ámbitos, ya sean sectoriales o geográficos (provincial, autonómico y estatal). Paralelamente, también está descendiendo el número de trabajadores por cuenta ajena que se ven protegidos por la regulación de las condiciones laborales que establecen esos acuerdos entre las empresas y las plantillas o, en los de ámbito, entre los sindicatos y las patronales más representativos del ramo o del territorio.

A falta de los convenios que puedan haberse cerrado en el mes de diciembre, la cifra de asalariados protegidos por los ya vigentes ha caído a 9,21 millones, la cifra más baja desde el cambio de siglo, con un claro desplome tanto entre los afectados por los acuerdos de empresa como por los de ámbitos sectoriales o geográficos.

Eso, falsos autónomos al margen, significa que se intensifica una tendencia que ha llevado a que la mitad de los asalariados trabaje en España sin la protección de un convenio colectivo: el 51,2% de los 18,88 millones de contribuyentes con ingresos salariales que registra la Agencia Tributaria o el 44,5% de los 16,61 trabajadores por cuenta ajena que mide la EPA (Encuesta de Población Activa).

La negociación colectiva sale de la empresa

Los 592.100 del primer grupo, los amparados por el paraguas de los pactos de empresa, suponen el registro más bajo de los últimos 25 años, con solo un ejercicio por debajo del millón en los primeros tres lustros (1997, por unos cientos) antes de iniciar un claro descenso a partir de 2009, con la crisis.

Este dato resulta sintomático de la pérdida de derechos laborales y el avance de la precariedad para los asalariados que comenzaron con el crash de 2008 y que se intensificaron con las desacertadas recetas (por sus efectos a nivel microeconómico) aplicadas para combatirla en el plano macroeconómico.

Y también resulta significativo este otro: los 855 convenios firmados en los primeros once meses del año pasado solo protegen a 1,86 de esos 9,2 millones de trabajadores, la cifra más baja de la serie, mientras el volumen de los acuerdos de empresa vigentes (2.575) prácticamente coincide con el de los firmados en años anteriores (2.576) que siguen aplicándose. Esas cifras apuntan a que la negociación colectiva está saliendo de las empresas para sobrevivir gracias a los agentes sociales en las mesas de ámbito geográfico o sectorial, en las que normalmente se negocian mínimos alejados de la realidad empresarial.

“La reforma laboral alteró la correlación de fuerzas”

“La crisis y las reformas han debilitado el marco de la negociación colectiva”, explica Antonio González, responsable de la Secretaría de Empleo de UGT, que apunta a la modificación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores como la piedra angular de ese proceso.

“Ha sido el principal instrumento de la devaluación salarial y el deterioro de la negociación colectiva, ya que faculta al empresario para rebajar unilateralmente las condiciones laborales al nivel de los convenios de sector”, señala el sindicalista, que se pregunta “¿para qué va a querer un convenio si puede regularlo todo de manera unilateral?”. “La clave de la negociación colectiva era la correlación de fuerzas, pero la reforma alteró ese equilibrio y decantó la balanza hacia el lado de la empresa, con lo que los convenios han ido cayendo a mínimos”, añade.

Las revisiones salariales

La evolución de las mejoras salariales apuntan en esa dirección, con aumentos de menor cuantía en los escasos convenios de empresa que en los de ámbitos territoriales y sectoriales.

El aumento de las diferencias entre unas y otras en los dos últimos años, en los que la horquilla ha pasado de dos a cuatro décimas, tiene relación directa con los acuerdos alcanzados en el ámbito estatal por CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, que han trasladado a las mesas sectoriales y geográficas el compromiso de subir los salarios en al menos dos puntos anuales, un ritmo que los convenios de empresa llevan una década sin alcanzar.

Paralelamente, el porcentaje de asalariados con cláusulas de garantía salarial en sus convenios, normalmente vinculadas al IPC, aumenta por tercer año consecutivo para alcanzar al 21,6% de los trabajadores. Supone un incremento de 9,3 puntos en tres años, aunque el registro sigue lejos de los superiores al 60% y al 70% de la época de la burbuja y se quedan en la mitad de las de los ejercicios previos a la reforma laboral de 2012.

“La inflación ha sido moderada en los últimos años, y eso, junto con la situación generalizada de devaluación salarial, ha debilitado la preocupación por tener cláusulas de revisión para centrar las negociaciones en los aumentos reales”, explica González.

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