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Los tiempos de los recortes ha llegado a la fase final. El Gobierno ha decidido que ya es suficiente, de bienestar social, y ha puesto en marcha un arma de destrucción masiva llamada Ley de Contratos de Servicios a las Personas (LCSP), forma elegante de decir que hemos disfrutado de los servicios públicos para encima de nuestras posibilidades y merecimientos.

La Ley Aragonés, que es el nombre por el que se conoce popularmente la mencionada LCSP, nació con muy poca luz, en silencio; mientras en la FaPaC estábamos denunciando la voluntad de externalización que se estaba llevando a cabo con el tristemente famoso decreto de comedores, trascendió que una de muy grande se estaba preparando. Y una vez dimos la voz de alarma, la maquinaria propagandística se puso en marcha rápidamente y nos intentaron desacreditar diciendo que no nos habíamos leído la ley.

Tras demostrar que no sólo nos la habíamos leído, sino que había sido sometida a un exhaustivo análisis por parte de nuestro equipo jurídico, han intentado convencernos con otros argumentos: Europa nos obliga, incorporamos cláusulas sociales, es una Ley Anti- Florentino o esta ley es necesaria para que el sector afectado la reclamaba. Vamos por partes:

Europa no obliga a externalizar servicios públicos. Ninguna disposición de la Directiva 2014/24 / UE del Parlamento Europeo ni del Consejo obliga a los Estados miembros a subcontratar o externalizar la prestación de servicios que deseen prestar ellos mismos y, además, se ha obviado un informe demoledor del Tribunal de Cuentas Europeo que critica duramente la participación privada en infraestructuras y servicios públicos para que provoca, dice, insuficiencias generalizadas, gastos ineficaces, falta de transparencia, retrasos y sobrecostes.

Cláusulas sociales ... o no. El artículo 7 habla de la responsabilidad social de los licitadores, pero lo que dice es que se ha de valorar la responsabilidad social en alguno de los aspectos enumerados en el artículo, pero en ningún caso se menciona la obligatoriedad del cumplimiento. Es decir, las empresas que gestionen estos servicios básicos podrían, perfectamente, no incluir cláusulas sociales en sus contratos o, lo que es más probable, incluirlas pero no cumplirlas.

Ley Anti-Florentino Pérez . La ley Aragonés no habla de barracones escolares, por lo tanto, no haremos mención de cuáles son las empresas más beneficiadas y quién es su propietario a la hora de las adjudicaciones para proporcionar este producto tan utilizado en nuestro país, pero estaremos de acuerdo en que exponer este argumento para defender la ley Aragonés es un ataque a la inteligencia. Somos conscientes del mínimo respeto que inspiramos a gran parte del espectro político, cada vez más espectro y cada vez menos político, pero intentar hacer creer que las empresas de Florentino Pérez son las únicas peligrosas a la hora de hacerse cargo de los servicios anteriormente conocidos como públicos, no deja de ser de una puerilidad insultante.

¿Qué sector afectado reclama esta ley? El artículo 3.1 de la Ley dice que "quedan sujetos, con independencia de su valor estimado, los contratos onerosos del sector público cualificados de servicios y de concesión de servicios, que tengan por objeto alguna de las prestaciones que se definen en el capítulo V y que estén incluidas en alguno de los códigos CPV que constan en el anexo I de la Ley ". También establece que "a los efectos de esta ley, se entiende que un contrato es oneroso cuando el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, sea de forma directa o indirecta".

Como entidad del sector educativo nos surgen algunas preguntas, teniendo en cuenta lo que dice la ley y las justificaciones del Gobierno: ¿Cuál es el sector afectado que pide obtener algún tipo de beneficio económico de los servicios de enseñanza preescolar, los servicios de educación especial y de los servicios de tutoría?

A que se refiere la ley cuando habla de servicios escolares diversos? Quieren decir que todo lo que afecte la enseñanza pública es susceptible de ser sometido a contratación pública?

La ley Aragonés nos ha hecho entrar en pánico porque, en caso de ser aprobada, supondrá un cambio de modelo social donde los servicios públicos pasarán a formar parte de lo que se conoce como mercado, y donde pasaremos de ser ciudadanas a ser clientes , lo que nos sitúa en un cruce donde se encuentran dos formas radicalmente distintas de percibir la realidad social.

Secretario de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña (FaPaC)

Fuente: https://www.social.cat/opinio/