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No es de esperar que uno se azote públicamente. Sólo los inmisericordes consigo mismos lo hacen y son muy pocos. Menos aún los políticos. Y menos todavía los políticos que hayan actuado contra el bienestar de los ciudadanos. En cualquier constitución civilizada se reconoce el derecho de toda persona a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. La Constitución Española lo hace en su artículo 24. No cabía esperar por tanto que, en su despedida como presidente del Gobierno, Rajoy reconociese los destrozos causados. Si no reconoció ante un tribunal de justicia sus responsabilidades en el caso Gürtel, menos podía pensarse que fuera  a reconocer en el Congreso de los Diputados un daño mucho mayor. “Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré”, dijo Rajoy. Tenía sus razones para hablar así. Le escuchaban los diputados de su partido, tan derrotados como él, a los que no podía defraudar. Y tendría, digo yo, razones íntimas: casi todo el mundo intenta conservar su autoestima.

Lo que resulta más chocante es que analistas o informadores pretendan construir argumentos sesgados para valorar positivamente la gestión económica de Rajoy.

Se aduce, por ejemplo, que el Producto Interior Bruto, el PIB,  creció en el periodo de su gobierno. Tuvo un aumento en los seis años que van de 2011 a 2017 del 6,5 por ciento. Una subida bastante pobre, más si se tiene en cuenta el bajo nivel de actividad económica que registró el último año antes de la llegada del Gobierno del PP. Pero eso no es lo importante. Para saber cómo llegó esa mejora tímida a los ciudadanos es necesario comprobar cómo se repartió la riqueza generada. Se la reparten las empresas y los trabajadores. También lo refleja el PIB. Entre el final de 2011 y el de 2017 lo que se llevaron las empresas aumentó el 12 por ciento. Por su parte, lo que le correspondió a cada asalariado subió en cambio el uno por ciento. Y si se descuenta el encarecimiento de la vida (el dinero de 2017 valía menos que el de 2011) la renta por asalariado fue un 3,7 por ciento más baja al final del tiempo de Rajoy que antes de la llegada del PP al poder. 

Los indicadores económicos al uso, el PIB, la marcha de la bolsa, la prima de riesgo o el IPC, sirven para conocer algunas facetas de la actividad económica. El resultado de la actividad económica, sin embargo, se mide por el bienestar de la gente y ahí no sale. Hay otros datos que lo reflejan.

La renta.  Es lo que gana cada año el conjunto de las personas, ya sea por su salario  o por sus inversiones. Con los datos disponibles del INE, puede calcularse la renta media por persona: en 2011 fue de 13.902 euros. En el último año completo de Rajoy, 2017, fue de 13.690 euros, descontando el aumento del coste de la vida, la inflación. Un 1,5 por ciento menos. Es decir, nos empobrecimos. Claro, no todos. La mitad de la gente con menos renta vio caer sus ingresos un siete por ciento, mientras que la otra mitad, la de más ingresos, la mantuvo inalterable. Cuando el PP llegó al Gobierno, el 20 por ciento más afortunado económicamente ganaba 6,3 veces más que los del otro extremo. Era ya mucho si tenemos en cuenta que en Alemania o Francia representaba 4,5 veces. Pues con Rajoy los más pudientes han pasado a ganar 6,6 veces lo que se lleva el 20 por ciento con menos ingresos. Ha aumentado la desigualdad. 

Esto ha llevado a otro dato más trágico: el aumento de la pobreza. En 2011 había ya 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Era mucho. España era el undécimo país de la Unión Europea con más pobres. El paso del PP por el Gobierno lo ha empeorado: ha convertido en pobres a medio millón más de personas. Ahora sólo nos superan seis países de la Unión. 

Claro, esto tiene su traducción en la vida real, por ejemplo, la pobreza energética. Casi dos millones de hogares declaran que no pueden mantener su casa a temperatura adecuada, que pasan frío. Son 726.000 hogares más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. El año pasado las compañías eléctricas, de gas y de petróleo del IBEX ganaron casi 9.000 millones de euros, un 8 por ciento más que en el ejercicio anterior. Ese es el contraste.

La pobreza se extendió no sólo a los parados o los jubilados. Afectó también a los que trabajan, no sólo en tiempos de Rajoy. Al llegar había ya un 23,5 de asalariados en riesgo de pobreza, pero durante su mandato han aumentado un 18 por ciento aquellos a  los que el producto de su trabajo no les da para cubrir sus necesidades: ahora suponen casi el 28 por ciento de los asalariados. Esto no es por casualidad, sino fruto de una actuación política: la llamada devaluación salarial aplicada por las empresas e impulsada por el Gobierno a través de la reforma laboral. Los sueldos han bajado entre la llegada y la salida del PP del poder un 5,1 por ciento, en términos reales, es decir, descontado el incremento del coste de la vida. Pero ese sacrificio no se ha repartido igual. La encuesta anual de estructura salarial del INE, cuyos  últimos datos son de 2016, divide los sueldos en 10 tramos, de acuerdo con su cuantía. Ahí se puede comprobar que el tramo con los sueldos más bajos ha sufrido una caída del 4 por ciento en el periodo Rajoy, mientras que el tramo de los que más ganan ha gozado de una subida del 3 por ciento. La precariedad salarial, ya existente antes, se ha incrementado con Rajoy con el aumento de los contratos a tiempo parcial respecto a los de tiempo completo. 

Repasamos ahora los servicios esenciales que prestan las administraciones públicas a los ciudadanos y los estragos sufridos a manos del Estado y  de las comunidades autónomas, por orden de Rajoy.  La educación: fue uno de los bastiones del Estado de Bienestar contra el que primero se dirigió el PP.  En 2011, el gasto público educativo era 2.200 millones mayor que al final del periodo negro.  La sanidad fue otro blanco de los grandes recortes. Ahora el gasto sanitario es 1.642 millones menor que en 2011. El gasto en dependencia tampoco se libró de la tijera: en 2018 hay presupuestado un 7 por ciento menos para esta partida que en 2011.

Las pensiones han subido y su gasto ha aumentado, sobre todo por el mayor número de pensionistas, que además reciben una pensión superior, puesto que trabajaron en años con sueldos mejores que sus antecesores. Pero la subida ha sido escasa: la pensión mínima se ha incrementado en estos seis años el 4,3 por ciento. Con ello no compensa el incremento del coste de la vida, la inflación, que alcanzó el 4,8. Y lo que es más grave: el recorte de los salarios ha contribuido a que la recaudación de la Seguridad Social haya sido escasa. La solución: Rajoy se ha gastado el Fondo de reserva de la Seguridad Social, bien repleto cuando llegó a la Moncloa. En total se ha fundido 74.000 millones de euros.

La inflación, el aumento del coste de la vida, se ha moderado algo. En los seis años de Rajoy los precios al consumo han aumentado el 4,8 por ciento. Pero no todo se ha comportado así. Han bajado claramente la gasolina y el gasóleo. No han subido, o lo han hecho muy poco, los productos o servicios de los que una persona puede prescindir si vive con estrecheces: ropa, menaje, ocio. Pero servicios esenciales de los que el ciudadano difícilmente puede prescindir se han disparado. Entre 2011 y 2017 el pago por estudiar en la universidad, básicamente las tasas, se incrementó un 35 por ciento. La ampliación del copago por las medicinas a pensionistas, contribuyó a encarecer el gasto farmacéutico de los ciudadanos en un 17 por ciento desde que llegó el PP hasta que se ha tenido que ir. El recibo de la luz es ahora un 14 por ciento más caro. 

Esta es la economía que afecta a personas, pero sí, hay cosas más distantes a ellas cuyos efectos terminan afectando también al bienestar de la gente. Por ejemplo, el dinero que el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos han tomado prestado y tienen que devolver, la deuda pública. No es necesariamente malo que se endeuden para hacer frente a necesidades básicas o para gastarlo en impulsar el desarrollo. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy recortó los gastos destinados a estas cosas y al mismo tiempo endeudó más al Estado. Ahora la deuda pública supera el billón de euros (1.144.298 millones de euros) que equivale al 99 por ciento del PIB. Cuando el PP tomó el mando suponía el 70 por ciento. Ha aumentado en 400.000 millones de euros: un 54 por ciento. Una parte de la deuda se debe a los 58.000 millones gastados en rescatar a los bancos, la gran mayoría durante el mandato de Rajoy. Sin embargo, mientras esto ocurría, más de 400.000 familias fueron expulsadas de sus casas por los bancos al no poder pagarlas, la mayoría (300.000) durante el mandato de Rajoy.  A ello hay que sumar las que abandonaron sus viviendas sin necesidad de ser expulsadas.

Para mejorar la economía a largo plazo es necesario cambiar el modelo productivo. Y para esto, es clave la apuesta por la investigación, el desarrollo  y la innovación. Pues bien, Rajoy decidió reducir drásticamente el gasto en I+D+i. Cuando se ha ido, es un 17 por ciento más bajo que cuando llegó. Y eso que los recortes de Zapatero ya dejaron temblando esta partida presupuestaria.

Esto último da pie para aclarar que esto empezó antes. En mayo de 2010, cuando el Gobierno socialista de Zapatero cedió a la presión de los que mandan en la Unión Europea e inició el camino. Rajoy tomó el relevo con virulencia y multiplicó los destrozos. El principal de ellos no se puede describir con números: fue acabar con el pacto social establecido. 

AUTOR

Emilio de la Peña

Fuente: http://ctxt.es/es/20180606/