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Yolanda Lifante, a punto de cumplir 50, es profesora asociada universitaria. Estudió arquitectura y cuenta con una tesis doctoral. Versa sobre creatividad pedagógica en ingeniería. Es un tema inédito, por el que la Universidad de Barcelona le ha planteado que coordine un máster y que le ha permitido acudir a numerosos congresos de ponente. Pese a su amplio currículo y sus 14 años impartiendo seis clases semanales de dibujo técnico en la Universidad de Valencia (UV), gana 549 euros netos al mes. Y no tiene plaza fija. Es más, si se presentara a un proceso de selección no tendría muchas posibilidades. Los de su categoría, los asociados, tienen complicado figurar en las investigaciones, que dan muchos puntos.

Sobre todo si, como es su caso, la docencia le ha absorbido todo su tiempo. "La acreditación [llevan 10 años denegándosela] se vuelve un imposible sin artículos publicados y sin investigación. Es la pescadilla que se muerde la cola", lamenta. Así que complementa su sueldo con clases particulares y, en los momentos más difíciles de la crisis, limpió casas para llegar a fin de mes. Sus compañeros de la UV -unos 1.300 asociados, el 30% de la plantilla- llevan desde el 29 de enero en huelga indefinida, casi dos semanas. Ella acaba de volver al aula: "Necesito el sueldo para mantener a mis hijos".

Los asociados - 22.871 profesores en España, el 23,6% de la plantilla en el curso 2016-17 y en incremento desde que empezó la crisis- son el último eslabón de la cadena de precariedad de las Universidad pública española, en la que hay "profesores pobres", según la definición del presidente de los rectores, Roberto Fernández. Las universidades han perdido un 27,7% de la inversión pública durante la crisis hasta 5.789 millones y durante cinco años tuvieron prohibido sustituir a todos profesores que se jubilaban. Los asociados, legalizados desde 1983 como profesionales de reconocido prestigio a los que fichar de forma temporal para contar con su experiencia, se han convertido en muchos casos en mano de obra barata para cubrir vacantes durante años y años.

A día de hoy, es imposible saber cuántos de los casi 23.000 asociados existentes cumplen las condiciones que fijan para ellos la ley y cuáles no. Sindicatos como CC OO estima que son la mitad. La conferencia de rectores españoles, la CRUE, que anuncia un informe para detectarlos, augura que son casos minoritarios. Sí se sabe que hay parte -los llamados falsos asociados- que ni siquiera tienen un trabajo fuera y se dan de alta como autónomos para poder estar en la universidad. Y otros que encadenan contratos desde hace lustros o décadas, que cambian de asignaturas de forma habitual y que realizan casi la misma labor que un docente universitario de plantilla por tres o cuatro veces menos sueldo.

Su realidad, y sus nóminas, varían de una comunidad a otra, de un campus a otro. Imparten entre tres y seis horas semanales de clase (y otras tantas en tutorías) y cobran desde cerca de 300 euros a una media de 600, a los que algunos convenios suman suplementos por antigüedad o por doctorado. El Parlamento Europeo ha llamado la atención a España por este asunto. En octubre comparecieron en Bruselas varios asociados de la UV. Los parlamentarios consideraron que "existen motivos para determinar que hay una discriminación" y recriminaron que las prórrogas de contratos -renuevan por cuatrimestres, cada año o cada tres- "no se pueden usar para cubrir necesidades estructurales y permanentes". En algunas universidades, como en la UV, los afectados están en pie de guerra y en otras, donde ya hubo manifestaciones cuando empezaron los recortes, se lo están planteando.

"Cuando vi la nómina por primera vez me sorprendí pero siempre está la promesa de hacer la tesis y ves que puede ser un lugar de futuro. Y te quedas, inviertes, investigas, van pasando los años, terminas la tesis y te das cuenta que ese puesto de trabajo, transcurridos los años, aún no ha llegado". Inés García López, de 41 años, filóloga, lleva 11 de asociada en la Universidad de Barcelona (UB). No tiene un trabajo fijo fuera. "Me di cuenta de que hay muchas personas como yo, con trabajo fuera pero que acaban dependiendo del número de asignaturas que dan en la universidad". Da dos asignaturas y cobra 380 euros al mes. En los últimos tiempos, al margen de su puesto de asociada universitaria, ha hecho una sustitución en una escuela oficial durante unos meses y da clases de alemán en un colegio.

En 2011, con los recortes, nació la Plataforma de Professors Associats de la UB, de la que ella forma parte, igual que del sindicato CGT. "Cuando empezamos a conocernos y a compartir nuestras historias, fuimos conscientes de que esto no podía ser: hacer carrera académica, compatibilizándolo con otros trabajos y con unos sueldos indignos. Cogíamos nuestras nóminas, nos íbamos a las Ramblas y las enseñábamos para que la gente supiera cuánto estaba cobrando realmente un profesor universitario. Dábamos cifras: pues si hay 5.000 profesores en la UB, más de 2.000 estamos cobrando como mucho 480 o 500 euros. Tuvimos que armar escándalo". Se coordinaron con la Universidad Autónoma de Barcelona y entraron como candidatura en el comité de empresa. Casi cada año desde 2011 hay movilizaciones, huelga o asambleas. El próximo 14 de febrero se reúnen en la UB para decidir nuevas protestas.

 Asignaturas nuevas

"Damos lo que sobra". Carlos Peláez, de 51 años, es asociado de la Universidad Complutense de Madriddesde hace 10. Allí también existe una plataforma de asociados. Es educador social y antropólogo. Con "lo que sobra" se refiere a que los asociados son los últimos en elegir asignatura en las facultades. Aunque la idea original de esta figura era que impartieran una materia de forma temporal en la que son especialistas, la realidad es que en muchos casos, se quedan con las que nadie quiere en el departamento. "Todos los años tengo asignaturas nuevas que no he hecho nunca". Este curso, por ejemplo, cubre Animación Sociocultural. La materia no le es ajena, pero su especialidad es otra: "Soy experto en inmigración, pero no puedo coger esas asignaturas". Cobra entre 500 y 600 euros al mes -"después de impuestos", añade- por seis horas semanales de clase y otras seis de tutoría. Vive de su trabajo como consultor mientras dedica media jornada diaria al puesto en la universidad, un contrato que caduca cada tres años y debe volver a renovar. ¿Por qué sigue? "El mundo académico me gusta, investigo muy a gusto con mis compañeros, que me cuidan mucho. Y me encanta la relación con los alumnos".

Fuente: https://politica.elpais.com/