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Con la entrada en 2020 queda prohibido conducir por las calles de Barcelona con los vehículos más antiguos y contaminantes: los que no tienen etiqueta ambiental. La capital catalana estrena su primera gran medida para mejorar la calidad del aire con una Zona de Bajas Emisiones que se convierte en la segunda área urbana de restricción de tráfico en España –después de Madrid Central– y una más entrelas decenas que se han instaurado y consolidado en Europa en la última década.

El plan entra en vigor este 1 de enero pero, al ser festivo, no se aplica en la práctica hasta el jueves 2. Su principal objetivo es reducir los contaminantes que respiran los barceloneses, un 15% en el caso del dióxido de nitrógeno (NO2), cuyos niveles superan los límites legales de la UE, y un 6% el dióxido de carbono (CO2).

"No valen excusas, hay que actuar", pedía este verano el comisario europeo para Medio Ambiente, Karmenu Vella,el día que confirmó que llevaba España al Tribunal de Justicia de la UE por el exceso de emisiones de gases en Madrid y Barcelona. La capital catalana estrena ahora su plan más ambicioso hasta la fecha para reducir las emisiones derivadas de los coches, una iniciativa que viene cocinándose desde hace años entre el Ayuntamiento, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) –encabezada también por Ada Colau– y la Generalitat.

Los vehículos afectados son los que no obtienen distintivo de la Dirección General de Tráfico: los turismos de gasolina matriculados antes del año 2000, los diésel de antes de 2006, las furgonetas anteriores a 1994 y las motocicletas y ciclomotores anteriores a 2003. Según los cálculos de la Administración, afectan a unos 115.000 coches y motos de la zona metropolitana, un 15% del parque circulante, aunque de entrada estiman que retirará de las calles unos 50.000 vehículos que se mueven por ese perímetro a diario. 

Pero si en algo destaca la Zona de Bajas Emisiones es por su extensión: 95 kilómetros cuadrados –veinte veces mayor que Madrid Central– en los que no podrán circular estos vehículos, tampoco los de residentes. Integran este área casi toda Barcelona y algunos municipios vecinos como l'Hospitalet y Sant Adrià del Besòs, aunque con algunas excepciones como las rondas. La aplicación no será permanente, sino solo los días laborables de 7:00 a 20:00 horas, cuando hay más tráfico. Al ser este 1 de enero festivo, a la práctica la prohibición se estrena el 2.

La mitad de las cámaras, ya instaladas

Los efectos de la restricción no se podrán evaluar como mínimo hasta dentro tres meses, cuando en abril se empiece a multar a los infractores. Hasta entonces, aunque uno vaya a trabajar a diario con un automóvil viejo, solo recibirá en principio una carta de carácter informativo del Ayuntamiento en la que se le advertirá de futuras sanciones, que pueden ir de 100 a 500 euros. 

En los últimos días, el consistorio barcelonés ha ultimado la instalación tanto de los carteles que advierten de la Zona de Bajas Emisiones como de las cámaras de tráfico. En la capital catalana han colocado 36 de las 66 previstas (en toda la zona metropolitana serán 120). Su función será la de leer instantáneamente todas las matrículas para, a través de un sistema informático, cotejarlas con la base de datos de la DGT y con la de las autorizaciones puntuales y las excepciones.

En este sentido, cabe destacar que la restricción arranca no solo con exenciones previsibles –como la de vehículos de emergencias o de personas con movilidad reducida–, sino también con dos importantes moratorias de un año. Hasta 2021 podrán esquivar la ordenanza todos los vehículos que pertenezcan a flotas de transporte (furgonetas, autocares o camiones) y los de trabajadores que cobren menos de 8.000 euros al año y acrediten que lo necesitan para su empleo. 

También los coches vetados podrán entrar un total de 10 días al año, previa solicitud de autorización al Registro Metropolitano del AMB y pagando 2 euros. 

Consenso político y críticas de entidades

A la espera de ver cómo los vecinos de Barcelona reciben la medida, el gobierno municipal puede celebrar que cuenta con una amplia mayoría política que respalda el veto. Los 'comuns' y el PSC, al frente del consistorio, lograron pactar la ordenanza con ERC y JxCat. Un 80% del plenario municipal respalda el plan mientras Ciudadanos, PP y el grupo de Manuel Valls ni siquiera se oponen: se abstuvieron.

En el período de alegaciones, la ordenanza recibió un alud de propuestas por parte tanto de quienes la consideraban excesiva como de los que la veían insuficiente. Los primeros fueron sobre todo las patronales, como Foment del Treball o la de transportistas, que consideran que un año de moratoria no es bastante para amortizar sus flotas.

Entre quienes la consideran laxa están la federación de asociaciones de vecinos FAVB, Ecologistas en Acción e incluso científicos de referencia como los de ISGlobal o el IDAEA del CSIC, que la ven en la buena dirección pero insuficiente. Desde Ecologistas en Acción alertan de que la prohibición a los coches antiguos lo que propicia es que la gente se compre uno nuevo, pero no que se pase al transporte público. Un trasvase que Barcelona ha tratado de incentivar con un abaratamiento del abono mensual y con la tarjeta T-Verde, que regala tres años de transporte público gratis a quien desguace su coche antiguo con el compromiso de no adquirir uno nuevo. Lo han hecho más de 5.500 personas.

Los vecinos más exigentes en la lucha contra la contaminación esgrimen además que solo con la Zona de Bajas Emisiones no se llegarán a cumplir las exigencias de la UE –así lo reconoce el estudio de impacto ambiental del propio consistorio en cuanto al NO2– y piden que este perímetro sea la antesala de un peaje urbano. El consistorio asegura que por ahora lo está estudiando.

Declaración de emergencia climática

De lo primero que hizo Ada Colau al inaugurar su segundo mandato fue crear la Mesa de Emergencia Climática con unas 300 personas para plantear las medidas a medio y largo plazo que debe acometer el Ayuntamiento en materia medioambiental. En paralelo a la implantación de la zona de bajas emisiones, a mediados de enero, se publicará una Declaración de Emergencia Climática con la batería de acciones a las que se compromete Barcelona. 

Ya en julio se pusieron sobre la mesa varias medidas a corto plazo, pero no todas avanzan por igual. Se ha pintado un carril bus en la calle Aragó, la más transitada de la ciudad, y continúa en marcha la creación de supermanzanas y chaflanes sin coches frente a los colegios. Pero la tasa sobre la generación de basuras quedó aplazada durante la negociación con ERC de la nueva fiscalidad y la adaptación a 30 km/h de varias calles del Eixample, como Rocafort, Sicilia, Ausiàs March, Gran de Gràcia o Passeig de Sant Joan está pendiente.

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