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Pocas leyes del Govern han causado tanta polémica como la mal llamada ‘ley Aragonès’. Aunque el hecho que este Ejecutivo no acabe de arrancar en lo legislativo ayuda a a convertir en especial esta ley que impulsa la Conselleria de Economia de contratos de servicios a las personas. Según la CUP es un texto que abre la puerta a nuevas privatizaciones en un terreno tan delicado como el de las políticas sociales.

Según el Govern, se pretende poner coto a la situación actual, que deriva de la ley estatal aprobada por el PSOE, que abre la puerta a que grandes empresas con un gran poder financiero se hagan con jugosos contratos porque tienen la capacidad de ofertar a la baja, el principal requerimiento que hoy se les exige.

La intención del vicepresidente Pere Aragonès, cuya figura usaron los críticos a la ley (la CUP, sindicatos y entidades) para bautizar una ley que en verdad empezó a trabajar Raül Romeva cuando tenía las competencias sobre transparencia, es acabar con la actual situación en la que las administraciones se hallan atadas de manos y, sobre todo, dos grandes empresas, van acumulando contrato tras contrato.

Según la documentación consultada por este diario en los portales públicos, CLECE, la filial de ACS, empresa que preside Florentino Pérez, ha conseguido desde el 2015 contratos por valor de 13,2 millones de las administraciones catalanas, la Generalitat y los entes locales. Valoriza, la filial de otra constructora (Sacyr) logró encargos por 2,4 millones.

“La ‘ley Aragonès’ no tercia en si hay que privatizar más o menos, ni prepara el camino a nuevas privatizaciones. Simplemente trata de que en las adjudicaciones primen criterios de calidad en los servicios. Rebaja la importancia del precio que se oferta y prohíbe la subasta”, afirma una fuente de la ‘conselleria’.

En un momento en que ERC y los ‘comuns’ distan mucho de estar a partir un piñón, la misma fuente de Economia recuerda cómo Ada Colau, en 2016, “no tuvo otra” que adjudicar sendos contratos a CLECE y a Valoriza a pesar de que las empresas del ter sector, Suara y ABD, “tenían mayor calidad técnica” .

Volviendo al repaso de los contratos en el periodo 2015-2018, el grueso se hicieron en los ayuntamientos como Mataró (1,9 millones), Barberà (1,8 millones) y Granollers (1,7 millones).

La iniciativa se halla en la fase de ponencia parlamentaria tras ser admitida a trámite en el pleno de la Cámara. Cabe recordar que la CUP, por ejemplo, no presentó ninguna enmienda a la totalidad. Es en esta fase de ponencia donde debe de pulirse el texto y alejar aquellas sombras que, según los críticos, arroja la propuesta. Porque, si el criterio económico deja de pesar tanto, ¿quiere ello decir que aumentará la discrecionalidad de las administraciones a la hora de adjudicar?

Economia apunta que no. Y que estos nuevos contratos establecerán, incluso “cláusulas de responsabilidad social”, como la mejora de las condiciones de trabajo y la prohibición de contratar empresas que tengan operaciones financieras en paraísos fiscales, entre otras.

Fuente: https://www.elperiodico.com/