Las élites del Franquismo diseñaron una compleja operación administrativa que implicó a varias instituciones del Estado para que el dictador y su esposa, Carmen Franco, pudieran hacerse con la Casa Cornide, un palacete del siglo XIX situado en la zona vieja de A Coruña, tasado ahora en millones de euros, y que hasta entonces era de propiedad pública. Sus herederos lo siguen disfrutando hoy en día, y allí guardan además algunas de las obras de arte y objetos de valor que el dictador robó durante su mandato y que también les dejó en herencia.

Así lo desvelan los documentos inéditos que los investigadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo han presentado en Meirás. Un pazo.

Conferencia de prensa que brindó Abuelas en su sede para informar sobre la restitución de la nieta 127, hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, que fueron secuestrados entre abril y mayo de 1977 cuando ella estaba embarazada de entre ocho y nueve meses.

Abuelas de Plaza de Mayo anunció el encuentro de la nieta número 127. La conferencia celebrada hoy 28 de diciembre, a las 13 h. en la sede de Virrey Cevallos 592.

Como contracara, hace apenas unas horas le concedieron al genocida Miguel Etchecolatz la prisión domiciliaria en la ciudad de Mar del Plata.

Fue el día de Navidad más sangriento de la historia de Cáceres. El 25 de diciembre de 1937 un piquete compuesto por 60 guardias civiles fusiló a 34 hombres en el campo de tiro adyacente al cuartel del regimiento de Infantería Argel 27. Entre las víctimas se encontraban maestros, sindicalistas, militantes de partidos democráticos y hasta cargos públicos como el alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Canales, y el presidente de la Diputación, Ramón González Cid, de Izquierda Republicana. La ejecución masiva conmocionó a la ya de por sí atemorizada población extremeña. Sin embargo, la orgía de sangre no había hecho más que empezar. En los días siguientes se multiplicaron los fusilamientos en la capital cacereña hasta completar la escalofriante cifra de 196 ejecutados.

Laboral

UGT y CCOO convocan protestas el 8 de febrero para exigir a Sánchez que revierta la reforma laboral

Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han anunciado este martes que se movilizarán el próximo 8 de febrero en un "gran acto sindical" para forzar al Gobierno a que derogue determinados aspectos de la reforma laboral de 2012.

"Es el momento de concretar, de ejecutar medidas para la igualdad, para recuperar derechos y salarios", han dicho ambos líderes, quienes han instado al Gobierno a que "mueva pieza y que no se escude en minorías parlamentarias" y lleve "al BOE" aquellas reformas en las que están de acuerdo, "aunque la CEOE no lo esté".

A esta gran asamblea, que movilizará a más de 10.000 sindicalistas,

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Memoria Laicismo

La Justicia investiga por primera vez a la Policía del franquismo por torturas en un contexto de crímenes de lesa humanidad

La Justicia de València ha admitido a trámite una querella contra varios policías de la Brigada Política y Social, la policía política del franquismo, por torturas cometidas durante la detención de 12 militantes comunistas en 1971. Concretamente, el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital valenciana ha abierto diligencias para investigar un episodio de torturas en un contexto de crímenes de lesa humanidad protagonizado por, entre otros, los policías Benjamín Solsona, conocido como el Billy el Niño valencianoJacinto López Acosta; y Manuel Ballesteros

"Detuvieron a 19 jóvenes en abril de 1971 en València y los llevaron a la Jefatura Superior de Policía.

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Internacional

Indígenas se movilizan en Brasil contra las primeras medidas de Bolsonaro

Los indígenas brasileños, mayoritariamente representados por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), empezaron a movilizarse para anular las primeras medidas aprobadas por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que delegó la gestión de las cuestiones indígenas al ministerio de Agricultura.

En un comunicado, la APIB recomendó que sus entidades asociadas en todos los estados del país presenten una acción popular requiriendo judicialmente la nulidad de las medidas aprobadas por Bolsonaro, "que prácticamente destruyen toda la política indigenista brasileña".

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