En la madrugada del 7 al 8 de febrero de 1937, más de 300.000 personas huyeron a pie y en condiciones extremas desde Málaga hacia Almería. Aquel éxodo masivo fue bautizado popularmente como la ‘Desbandá’. Se trataba de miles de familias que intentaban escapar de los bombardeos de las tropas franquistas y sus aliados italianos y alemanes sobre Málaga.

A mitad de camino, en la que hoy es la carretera N-340, el bando fascista abrió fuego por mar, tierra y aire contra la masa de civiles desarmados que osaban poner su vida a salvo. Aquella masacre dejó entre 5.000 y 10.000 muertos, lo que la convirtió en una de las peores matanzas de la Guerra Civil.

Por aquella razón, numerosas figuras destacadas del ámbito de la investigación histórica se refieren a esta tragedia como ‘el Guernica andaluz’.

Víctimas del franquismo en Sevilla exigen “ya” la realización de las pruebas genéticas necesarias para futuras identificaciones de los restos óseos que aparezcan en las fosas comunes de la capital de Andalucía. Los demandantes, en representación de la Asociación de la Memoria Histórica y Familiares de la Plaza de la Gavidia, han presentado el escrito con las firmas dirigido al director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía,Javier Giráldez, el alcalde sevillano, Juan Espadas, y ante la Oficina de la Memoria Histórica del Ayuntamiento hispalense.

La esperanza abierta con la  intervención en la fosa de Pico Reja motiva este paso. Para que no se pierdan más testigos directos. Las hijas e hijos de los ejecutados “van muriendo”, dicen, de ahí que pidan la inclusión rápida en el Banco de ADN que implanta la Universidad de Granada.

 

Joaquín García Morato, denominado por el Ejército del Aire como “héroe indiscutible”

Hay días que nunca se olvidan. En Otxandio, un pequeño municipio de Bizkaia, no logran borrar aquella mañana del 22 de julio de 1936. El pueblo vivía sus fiestas patronales. El reloj marcaba las nueve, y en la calle ya había gente. Sobre todo niños. De repente empezó a llover. No era agua, sino bombas. No había nubes, sino aviones franquistas. Y así se acabó la fiesta. Los misiles lanzados desde el aire mataron a 61 personas. 16 de ellas tenían menos de diez años. El responsable de esta masacre fue Angel Salas Larrazabal, un militar que se ganó el apodo de “El carnicero de Otxandio”. Adivinen por qué.

En su biografía oficial, publicada por el Ejército del Aire, no existe ni la más mínima mención a su responsabilidad en el asesinato de niños.

El Ayuntamiento del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz deberá eliminar los símbolos franquistas de sus calles. Es lo que ha fallado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid tras la demanda interpuesta por el abogado memorialista Eduardo Ranz por incumplir la Ley de Memoria Histórica. En una sentencia fechada el pasado 31 de enero, el juez ordena al consistorio a elaborar un catálogo "de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura franquista existente en el municipio" y "adoptar las medidas oportunas para su retirada". 

La demanda fue interpuesta el pasado mes de octubre tras la negativa del ayuntamiento de retirar los símbolos que todavía mantiene, a pesar de que la ley

Miguel Etchecolatz colecciona varias condenas a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Pese a ello, hoy es un hombre casi libre. A sus 88 años, el excomisario de la policía bonaerense, responsable de una veintena de centros clandestinos de detención durante la última dictadura argentina (1976-1983), disfruta del verano austral en su casa de Mar del Plata gracias a una reciente y polémica resolución judicial que le ha otorgado prisión domiciliaria por problemas de salud. El fallo, decretado en plenas Navidades, indignó a los organismos de Derechos Humanos. Miles de personas se manifestaron a principios de año en la turística ciudad costera para repudiar la excarcelación de uno de los principales genocidas del régimen militar, condenado en varios juicios por asesinatos, desapariciones, secuestros,