El Código Penal español destina dos artículos a proteger a la Corona de las críticas. Establecen que comete un delito quien calumnie o injurie al rey o sus familiares e impone un castigo puede llegar hasta dos años de cárcel, además de la sanción económica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a reprender a España por esas disposiciones, que considera desfasadas y contrarias a la Convención Europea de Derechos Humanos.

En esta ocasión, el tirón de orejas ha sido consecuencia del recurso de dos jóvenes,  Enric Stern y Jaume Roura, condenados por quemar fotos del rey en una protesta de 2007 en Girona. Su paso por los tribunales españoles terminó con el Constitucional confirmando la pena de quince meses de prisión,

El abad del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha comunicado al Senado que no declarará ante la Comisión de Justicia de la Cámara, tal y como pedía el PSOE, sobre su negativa a acometer exhumaciones en el mausoleo, pero ha invitado a los senadores a visitar la abadía y aclararles allí cualquier duda.

Fuentes parlamentarias han confirmado a EFE que el responsable de la abadía ha enviado un escrito a la Comisión de Justicia del Senado en el que anuncia que no acudirá el próximo lunes al requerimiento cursado desde este órgano, y alega para ello su condición de sacerdote y sus obligaciones con la comunidad benedictina.

El cuestionamiento de la monarquía es un elemento que sobrevuela de manera casi constante el debate público en España, sobre todo desde la abdicación del rey Juan Carlos I. Sin embargo, escasean los estudios sociológicos que pregunten a la población sobre su opinión hacia la monarquía y, sobre todo, que sondeen cuestiones relativas a los posibles niveles de apoyo a otras formas de organización del Estado.

El más llamativo de los silencios en torno a la Casa Real proviene del principal órgano estadístico de la administración española: el Centro de Estudios Sociológicos (CIS) lleva sin preguntar sobre la institución monárquica desde abril de 2015. En adición, son pocos los estudios privados que plantean cuestiones acerca de la percepción sobre Corona o el modelo de Estado.

La historia de España no avanza. Los profesionales de su estudio y difusión llevan más de cinco años clamando contra sucesivos obstáculos a su acceso a papeles oficiales sobre episodios clave para el conocimiento del pasado –sobre todo, los acaecidos entre la Segunda República y el final de la Transición– y la comprensión del presente. Según denuncian (...), el Gobierno mantiene bloqueadas dos iniciativas relevantes para acabar con un oscurantismo impropio de un país democrático: la desclasificación de los 10.000 documentos de Defensa que Carme Chacón prometió desvelar al términos de su etapa como ministra del ramo y, más recientemente, a través del PP y con ayuda de Ciudadanos, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales planteada por el PNV en noviembre del 2016.

2.934 personas fueron ejecutadas en Madrid capital en la posguerra por la represión franquista. Casi todas fueron fusiladas en una de las tapias exteriores del cementerio de la Almudena. Pasados diez años, la mayor parte de los cuerpos fueron exhumados y enterrados en fosas comunes. Sus asesinatos se guardaron así en la desmemoria de un país que cada vez amontonaba más ejecutados ‘desconocidos’ en sus cunetas.

Ahora podemos conocer los nombres de los asesinados gracias al trabajo de historiadores e investigadores y colectivos por la Memoria Histórica que han realizado esta labor de recuperación durante años. El remate final lo ha puesto un equipo de siete investigadores por encargo de la Oficina de Memoria y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Entre estos nombres, destaca que hay veinte alcaldes de toda Madrid durante la II República.