El abogado y presidente del colectivo de Familiares de Caídos en Rusia, Luis Marín, ha ganado el primer recurso al cambio de nombre de calles franquistas en el callejero de Madrid aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y propuesto por el Comisionado de Memoria Histórica de Manuela Carmena. La juez sustituta Ana Monreal de lo contencioso-administrativo número 8 de Madrid ha anulado el cambio de nombre de la calle 'Caídos de la División Azul'.

La juez argumenta que el dictamen del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid no se ajusta a la ley de Memoria

Las Trece Rosas eran "terroristas" que querían implantar en España un "régimen tan demócrata como el de Stalin en la URSS", son los argumentos de un exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla), Alejandro Romero. El edil –ahora en el grupo de no adscritos– usó esta argumentación para oponerse a que el pueblo tenga una calle dedicada a estas mujeres ejecutadas por el franquismo.

"Es una falta de respeto y un despropósito absoluto, a ver si nos enteramos mejor de que eran las JSU que esto parece otra vez qué miedo que vienen los comunistas", respondió la alcaldesa palomareña, la socialista Ana Isabel Jiménez.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 vuelven a ignorar a la Memoria Histórica. En el proyecto presentado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro no hay rastro de partidas económicas destinadas a exhumaciones de fosas comunes y otras medidas de reparación a los represaliados tras el golpe de Estado y durante la guerra civil o la dictadura.

La idea del presidente Mariano Rajoy, “cero euros” para la Memoria Histórica, repite como el estandarte que enarbola, un año más, ante las víctimas del franquismo. El Gobierno conservador repite estrategia para dejar en blanco, y sin efecto, la Ley 52/2007 y caminando hacia una segunda legislatura completa de olvido a las víctimas del franquismo.

"Durante el régimen franquista, situación caracterizada por la estrecha relación entre el Estado y la Iglesia católica". Así define la RAE el significado de la palabra nacionalcatolicismo. Lo hace acotando el concepto a los cerca de 40 años de dictadura franquista en España. Sin embargo, diferentes voces han sostenido que esa "estrecha relación" entre "el Estado y la Iglesia católica" no desapareció tras la Transición a la democracia. El teólogo Juan José Tamayo, por ejemplo, ha defendido ampliamente que en la democracia española el nacionalcatolismo "no acaba de morir y el laicismo no acaba de nacer". 

La situación se ha vuelto más grave, no obstante, en los últimos meses.

El Parlament aprobó ayer, por el martes, la ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares en el que se incluye la necesidad de establecer, en el plazo de un año, un censo de elementos franquistas para proceder a su retirada o eliminación. Asimismo, la nueva ley recoge un régimen sancionador para acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma que comportan sanciones de entre 200 y 150.000 euros. Por ejemplo, se contemplan sanciones de hasta 10.000 euros por el enaltecimiento o exhibición de símbolos franquistas. 

Asimismo, el artículo 26 contempla que el Govern no subvencionará, bonificará ni prestará ayudas públicas a quienes hayan sido sancionados, así como tampoco ofrecerá ayudas que tengan por objetivo atentar o tolerar prácticas contrarias a la normativa.