MiguelianosRomanones, Astorga... El sexo sigue persiguiendo a la Iglesia católica. En España, y el resto del mundo. También en el Vaticano donde, pese a los intentos del papa Francisco, se sigue poniendo trabas al fin de los abusos y la dinámica de silencio. En España, a pesar de los focos que se han ido poniendo, todavía es imposible conocer la dimensión exacta de este problema

En los últimos días, distintas noticias han vuelto a traer al primer paso las causas de las víctimas de la Iglesia. Así, el miércoles pasado, la Fiscalía de Pontevedra ha solicitado una pena de 66 años de prisión para el líder de losMiguelianos, Miguel Rosendo, acusado de delitos de asociación ilícita, agresión sexual, abusos sexuales continuados y coacciones.

El ministro de Gobernación español, otro franquista impune, Rodolfo Martín Villa le concedió la medalla de plata dos días antes de las elecciones de 1977. Una jueza argentina lo quiso juzgar por 13 delitos de torturas pero el 2014 la Audiencia española rechazó su extradición.

La Asociación para la recuperación de la memoria histórica (ARMH) ha denunciado que el comisario franquista investigado por torturas José Antonio González Pacheco —conocido como ‘Billy el niño’— cobra una pensión especial por una condecoración que le otorgaron hace más de cuarenta años por sus ‘méritos policiales’.

La información sale de una respuesta del ministerio del Interior español a la misma asociación, donde confirma que fue el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa -otro alto cargo franquista cuyos crímenes siguen impunes-,

El colegio de Infantil y Primaria Maestro Juan González, en el municipio gaditano de Los Barrios, tiene dos profesores de Religión en plantilla, pero sólo uno da clases. La otra no tiene carga horaria desde 2015, aunque sigue asistiendo regularmente a su puesto de trabajo y cobrando 1.400 euros netos al mes. La situación de esta maestra de Religión no es aislada, se repite en al menos una veintena de colegios andaluces consultados por este periódico. Todos ellos denunciaron por escrito ante la Administración educativa que les habían asignado un profesor de Religión de más, o que les habían contratado por más horas de las que su centro necesitaba para esta asignatura. Pero nadie ha corregido este desfase en tres años.

Han pasado 45 años desde que Cipriano Martos murió solo, custodiado en una cama de hospital de Reus con el estómago destrozado por un corrosivo. Su familia sigue sin poder responder a la pregunta: ¿fue este joven militante antifranquista el que ingirió  voluntariamente el ácido que lo mató o se lo hicieron tragar los guardias civiles que le torturaron de forma brutal durante dos días? 

"Lo último que quería el régimen era que esto se conociera y trataron de taparlo por todos los medios", expone Roger Mateos, autor del libro Caso Cipriano Martos: vida y muerte de un militante antifranquista (Anagrama).

Los registradores de la propiedad están aflorando la asombrosa hiperactividad inmatriculadora que la Iglesia católica llevó a cabo entre 1998 y 2015 en Aragón: obispados y parroquias se anotaron la posesión de 2.023 inmuebles (edificios y fincas) durante los 17 años que estuvo vigente la reforma hipotecaria del primer Gobierno de José María Aznar, que les permitía anotar a su nombre la titularidad en el Registro basándose en certificados emitidos por las propias autoridades eclesiásticas.

¿Codicia o regularización? ¿Afán excesivo de riquezas ajenas o acción y efecto de regularizar un patrimonio indocumentado?