Según los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2017, 736.800 trabajadores realizan horas extraordinarias en España, algo menos de un 5% del total de asalariados. Este colectivo tiene un perfil claramente masculino: el 61% son hombres. Las mujeres, aunque menos afectadas por el fenómeno, sufren, también aquí, una brecha salarial: mientras que el 56% de los varones afirman ser remunerados por todas las horas extra que realizan, sólo el 46% de las mujeres pueden decir lo mismo.

En España se trabajan a la semana 6.131.400 horas extra. Esto es, 8,32 horas extra semanales por trabajador, de las cuales tan sólo se compensan, ya sea económicamente o mediante descanso retribuido, el 55%.

La precariedad laboral, los bajos salarios, las largas jornadas, la falta de medidas de seguridad… están detrás del crecimiento de los llamados ‘accidentes laborales’. En el año 2017 murieron 12 trabajadores en cada una de las 52 semanas del año. Una media de 1,7 muertos al día. En total 618 trabajadores muertos. Once más que en 2016 y 54 más que en 2012. 

618 trabajadores muertos. Ni uno más ni uno menos. 618 ciudadanos fallecieron en 2017 en España mientras trabajaban o acudían o regresaban de su centro de trabajo. Es decir, doce personas fallecieron trabajando en cada una de las 52 semanas del año. Una media de 1,7 muertos al día. En total, lo escribo otra vez, 618 trabajadores muertos. Once más que en 2016 y 54 más que en 2012. Todas las veces que se repitan son pocas. 618 trabajadores muertos. 

 

La mitad de los desempleados en España vive en riesgo de pobreza, según los últimos datos publicados por Eurostat, de 2016. En concreto el 49,4%. La tasa de pobreza en este colectivo se ha disparado en más de diez puntos durante la última década: en 2006 era el 37,7%. En estos diez años, la crisis económica elevó el número de parados hasta los seis millones, se fue reduciendo la cobertura de la protección para personas desempleadas y mermó el número de beneficiarios de las prestaciones de mayor cuantía. "Un país como España, la cuarta economía de la zona euro, no puede permitirse tener a la mitad de sus desempleados en riesgo de pobreza", critica Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

La decisión inaceptable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 22 de febrero 2018 que allana el camino para que las empresas despidan “legalmente” a trabajadoras embarazadas, confirma la cara espantosa de la política antiobrera de la UE y la gran hipocresía de la alianza depredadora que se presenta como supuestoprotector de los derechos sociales, de la maternidad y de las personas más vulnerables.

En respuesta a la petición de un tribunal español, el TJUE consideró “legal” el despido de una mujer embarazada de una empresa española en 2013, en el marco de los despidos colectivos realizados por el empleador. Mientras tanto, en base al razonamiento provocativo de que se permite el despido de una trabajadora embarazada

Siete meses después de que Unipost solicitara concurso voluntario de Acreedores, el juzgado de mercantil 7 de Barcelona, ha decretado la apertura de la fase liquidación de la primera empresa postal privada del país. Según ha podido conocer CCOO, la gestión de la compañía recae a partir de ahora en la Administradora Concursal quien será la encargada de realizar reuniones con los principales clientes en función de las que se fijarán nuevas fases del ERE hasta “el cese de la actividad”.

El próximo lunes 26 de febrero se ha citado a las OO.SS. para informar sobre la apertura de la fase de liquidación y ya se ha adelantado que las nóminas de los trabajadores/as en activo serán abonadas como hasta la fecha.