Crisis total: los taxistas acampan desde hace días en las principales vías urbanas

La paralización general del sector del taxi por huelga indefinida está siendo llevada a cabo por la acción espontánea de miles de taxistas, que han arrastrado a sus asociaciones. Huelga seguida por la ocupación del centro de las principales ciudades, cuando se celebra oficialmente la operación salida de vacaciones. Una situación que sirve desde hace una semana los principales elementos que componen la primera página de la actualidad.

Son las asambleas de taxistas, constituidas por miles, las que han debatido y votado a mano alzada los principales acuerdos que comenzaron por la solidaridad con el movimiento de los taxistas en Barcelona, y que continuaron con la exigencia de que se cumpla la ratio establecida por ley de un VTC por cada 30 taxis.

Demandan lo realizado por el gobierno local de Ada Colau, en el sentido de establecer una licencia municipal obligatoria para todos los operadores del taxi, a lo que se oponen tanto C’s como el PP, que exigen una ley estatal sin licencias urbanas.

Todas las administraciones deberían estar comprometidas en el respeto a la autonomía municipal, en la competencia municipal para poder desarrollar la licencia de actividad del transporte público urbano. Para ello, y ante resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que suspendía la licencia municipal, unos 1.500 taxistas comenzaron la ocupación de vías principales, el aeropuerto y el puerto, y acamparon en el centro de Barcelona, bloqueando la Gran Vía y el Paseo de Gracia.

Los taxistas de Madrid, por su parte, en solidaridad con el movimiento de los taxistas catalanes, pronto se vincularon al movimiento y acamparon día y noche frente al Ministerio de Fomento en pleno Paseo de la Castellana: un verdadero 15M del taxi. En la mayoría de las ciudades se extendió el movimiento con acciones diversas que se mantendrá -según manifiestan los mismos taxistas- hasta que se establezca un compromiso político que asegure una verdadera regulación del sector.

Las plataformas multinacionales, las llamadas VTC, vehículos con conductor, revestidas con el barniz de nuevas tecnologías han alterado de raíz el sector del taxi de la mano de las exigencias de la UE en la mayoría de los países de Europa. Multinacionales como “Uber” y “Cabify” constituyen en España las principales plataformas multinacionales, que operan en cientos de ciudades de todo el mundo; empresas que no tiene trabajadores y que se presentan como un mero agente fantasmagórico que pone en contacto a pasajeros con conductores. Dictan. de paso, los precios y el reparto de los beneficios; explotando para ello el recurso del falso autónomo, al que le cobran por los servicios prestados de intermediación el 25% de sus ingresos, practicando masivamente el fraude fiscal.

Empresas de este tipo se han multiplicado también entre los mismos taxistas para arrebatarles todo derecho y conquista social. El punto de partida de esta economía, bajo la dirección de la Unión Europea, lo dio La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, como un nuevo modelo de prestación de servicios donde desaparecen, en primer lugar, los derechos de los trabajadores.  

Estamos ante la trama de grandes empresas multinacionales que cotizan como empresas vacías de trabajadores por muchos miles de millones. Estas empresas especulativas esclavizan a los trabajadores y especulan con las licencias, que les cuestan unos cientos de euros y las venden a precios crecientes de 50.000 ó 60.000 €. El movimiento contra esta farsa empresarial se desarrolla en todas partes, que aquí ha encontrado un verdadero caldo de cultivo en la contrarreforma social española potenciada por los mismos dictados de la UE. Ya en Inglaterra, y en los mismos EEUU, los tribunales han dictado sentencias diciendo que los cientos de miles de conductores que estas empresas tienen en estos países no son autónomos, sino trabajadores con derechos: a sueldo y vacaciones, a seguridad social…

 Después de años de idas y venidas de las diferentes Administraciones, el conflicto del taxi le ha estallado al gobierno Sánchez cuando éste se disponía a declarar las vacaciones políticas sin haber avanzado ni un palmo en sus vagas propuestas e iniciativas.

A partir de 2009, Zapatero y su gobierno se pusieron al servicio del capital para hacer pagar la crisis a los trabajadores, corriendo a servir a los planes de la UE mediante una ley de liberalización del sector y otras medidas de salvamento de los bancos, lo que condujo a la contrarreforma constitucional de la modificación del art. 135. Todo para asegurar el pago de la Deuda y el desmantelamiento de las conquistas sociales, en un proceso que comenzaba entonces recortando los gastos sociales en todos los sectores. Esa reacción en cadena contra los derechos de los trabajadores y las conquistas sociales pasaría luego a manos de Rajoy y sus gobiernos corruptos.

En lo que al problema del taxi respecta, entre 2009 y 2015 se han concedido en España unas 15.000 licencias de VTC, y otras muchas que pueden ser concedidas por los tribunales a partir de sentencias complacientes; licencias que, además, permiten una actividad en todo el territorio español.

Como resultado del caos impuesto por las diferentes administraciones en el sector de auto-taxis, y en concreto por la multiplicación de las licencias concedidas de forma indebida, las licencias se han vendido a precios especulativos increíbles. Por todo ello, existe una flota sobredimensionada con más de 70.000 licencias.

 Ante el conflicto del taxi hay que aclarar que no estamos ante un mero conflicto entre empresas o de competencias, ni entre modos diferentes de entender el servicio del taxi. En realidad, estamos ante el intento de la UE y de los gobiernos de eliminar los derechos de los taxistas que ya ha conocido desarrollos importantes en toda Europa. Los taxistas han reaccionado, en todas partes, defendiendo su condición y sus derechos frente a los manejos de los multinacionales.

Las asambleas de taxistas han querido esperar a los acuerdos de la conferencia sectorial del miércoles día 1, mostrando su desconfianza hacia las promesas gubernamentales. El Ministerio de Fomento parece que se propone transferir la regulación de las competencias a las Comunidades Autónomas con la resistencia de diversas autonomías -en particular, la Comunidad de Madrid- a aceptar que de esta manera les pasen la “patata caliente” del conflicto, sin otras vías de solución.

La demanda democrática para resolver el conflicto no puede sino partir del rechazo de las políticas de la UE, de la defensa de la autonomía municipal, de la capacidad de los ayuntamientos para regular el transporte público urbano.

Fuente: http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente