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La Ley Mordaza ha sido una pieza clave para las derechas españolas. Ahora que están viendo que la mayoría parlamentaria apoya al gobierno de Pedro Sánchez, han decidido mover Roma con Santiago para evitar su reforma.

La Ley Mordaza es la norma de cierre de la legislatura de 2011 a 2015 caracterizada por la mayoría absoluta del PP. Es una norma que nace a finales de la legislatura en un momento en el que el gobierno presidido por Mariano Rajoy sabe perfectamente, tras el resultado de las elecciones europeas de mayo de 2014, que no va volver a disponer de una mayoría absoluta en el futuro en que es posible hacer predicciones y que incluso es probable que acabe siendo desalojado del Gobierno y tenga que volver a la oposición. Se trata con ella de cerrar la puerta a la revisión de la interpretación más reaccionaria  de todas las vividas desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978.

No se equivocó Mariano Rajoy en sus previsiones. A pesar de utilizar el aparato del Estado, en especial el aparato represivo, constituido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Poder Judicial de manera abusiva, no pudo evitar que se acabara constituyendo una mayoría parlamentaria a partir de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, que no pudo formar gobierno de manera inmediata como consecuencia de la crisis de la constitución territorial que se vivía en Catalunya, pero que se abriría camino a través de una moción de censura en julio de 2018. La mayoría parlamentaria de 2015 se ha visto revalidada en todas las elecciones posteriores: la de 2016 y las dos de 2019. De ahí el éxito de la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez en 2018 y el fracaso de la moción de censura encabezada por Santiago Abascal en 2020.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno a través de la moción de censura, las derechas españolas, pues el PP perdió con su política entre 2011 y 2015 el monopolio de la representación electoral de toda la derecha española, han calificado al Gobierno socialista de "ilegítimo" y han considerado que contra él valía todo.

El secuestro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido y continúa siendo la más clara manifestación de esa estrategia en la que todo vale. El CGPJ no es un órgano jurisdiccional, sino un órgano de Gobierno y, en cuanto tal, no debería admitirse la prórroga en funciones del mandato de sus miembros. El legislador de 1985 al aprobar la Ley Orgánica del Poder Judicial pecó de ingenuo y no se le pasó por la cabeza que habría un partido que infringiría la Constitución y rechazaría la renovación del órgano cuando no ocupara la Presidencia del Gobierno de la Nación. Pero eso es lo que ha ocurrido en las dos ocasiones en que el PP ha dejado de ocupar la presidencia del Gobierno: en 2004 y 2018. Desde esa ocupación anticonstitucional del CGPJ, el PP ha montado una estrategia de acoso al Gobierno a través de los jueces y magistrados que ocupaban los más altos tribunales del país, con la finalidad de impedir que el gobierno socialista en solitario en un primer momento y de coalición con posterioridad pueda levantar las hipotecas que dejó la mayoría absoluta del PP de 2011 a 2015. La verdadera oposición al gobierno presidido por Pedro Sánchez no la están haciendo Casado y Abascal, sino los jueces que ocupan el lugar que ocupan por la designación del CGPJ que se constituyó bajo la mayoría absoluta del PP.

Con esta estrategia el PP está consiguiendo dificultar y retrasar la acción del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, pero no está consiguiendo impedir que se vaya abriendo camino. La mayoría parlamentaria de investidura de 2019 se viene confirmando en las Cortes Generales tanto en el ejercicio de la potestad legislativa como en el de la potestad presupuestaria. No fue solo mayoría de investidura, sino que se está reafirmando como mayoría de gobierno.

Ante la impotencia de impedir la acción de Gobierno mediante el concurso solo de los jueces, las derechas española han decidido dar un paso más, aprovechando la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Mordaza. La utilización de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra el Gobierno frente a la reforma de una ley, que, como dice EL PAIS en su editorial, "fue redactada… con criterios fuertemente represivos y con rasgos de Estado Policial", no puede ser más elocuente respecto de lo que entienden las derechas por ejercer la oposición.

La Ley Mordaza ha sido una pieza clave para las derechas españolas cuando se han visto alejadas del Gobierno. Cuando el PP tuvo mayoría parlamentaria de gobierno, no necesitó dicha ley. Cuando sabía que la iba a perder, la aprobó. Y cuando está viendo que la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno de Pedro Sánchez se mantiene con solidez, ha decidido mover Roma con Santiago para evitar su reforma.

Estamos asistiendo a un intento de "asalto al poder" por parte de las derechas españolas, con la ayuda, como escribió Joaquín Urías en Contexto el pasado día 23, "de jueces que persiguen con saña a los pobres, haya pruebas o no" y de "policías que se exceden con impunidad en los barrios marginados". Con ello, concluía Urías, "se abre una puerta por la que solo pueden entrar truenos".

Esto es lo que está detrás de la reacción frente a la reforma de la Ley Mordaza, que viene siendo reclamada no solamente dentro de España, sino también desde la Unión Europea desde casi el momento en que se aprobó. La manera tan brutal en que están reaccionando las derechas certifica la necesidad de esa reforma. Y la urgencia de la misma.

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